Señor: Alejandro Gaviria Uribe, Ministro de Salud y Protección Social; Doctor : Alejandro Ordoñez, Procurador General de la Nación; Doctor: Alejandro José Lyons Muskus, Gobernador de Córdoba; Señores: Medios de comunicación; Señor:Norman Julio Muñoz, Superintendente Nacional de Salud; Doctor: Jorge Armando Otálora, Defensor del Pueblo; Doctor:Carlos Eduardo Correa, Alcalde de Montería; Señores: Ciudadanos y usuarios del sistema de salud.
La Clínica Montería, Clínica Zayma Ltda., Fundación Clínica Del Rio, Clínica Central OHL Ltda., Clínica De Traumas y Fracturas S.A., Evaluamos IPS Ltda., Fundación Amigos de la Salud, Clínica Cardiovascular del Caribe SAS y el Instituto Médico de Alta Tecnología IMAT ONCOMEDICA S.A., actuando en nombre y representación de los usuarios que acuden a sus servicios, de sus familias, de sus empleados y en el suyo propio, como prestadores privados de servicios de salud de Córdoba y, en especial de Montería, nos permitimos comunicar a la opinión pública lo siguiente:
Ante la desidia generalizada a todo nivel, respecto de la actual situación del sistema de salud en Colombia, los firmantes nos permitimos hacer las siguientes precisiones en las que se evidencia que la enfermedad de todo el pueblo o pandemia muestra síntomas claros de su presencia.
Ya son varios los caídos y muchos los afectados que seguirán cayendo uno a uno con la bendición del gobierno central y organismos de control y de la defensa de los intereses ciudadanos que, ante la innegable crisis que afecta al sistema de salud en Colombia, han resuelto (como si se tratara de un cuento de terror y no de la falta de ejercicio de sus responsabilidades), hacerse los de los oídos sordos.
La cartera de las instituciones prestadoras de salud a la fecha que componen este grupo, asciende a $252.701.982.604.
Las EPS, en especial las de carácter estatal, emplean prácticas para disfrazar la realidad de las obligaciones a su cargo, con hasta más de 360 días en mora, sin contar con las de entidades liquidadas, estas prácticas son:
- No se autorizan tratamientos prestados y requeridos por pacientes
- Se objetan para pago procedimientos y tratamientos de urgencia vital prestados a sus usuarios
- Se devuelven por cualquier razón facturas aún en contra de lo dispuesto en la ley y si se reciben y no se objetan, estas facturas no se cargan es su totalidad en los sistemas de información de las entidades. La normatividad para pago no se respeta.
La falta de pago y el despliegue de prácticas dilatorias para el mismo, tienen a las IPS en un desequilibrio económico evidente que pone en riesgo la prestación efectiva del servicio de salud y conducen a que el funcionamiento del sistema sea imposible. El gobierno, a pesar que no obliga ni vigila a las EPS a pagar, exige a las IPS prestar los servicios habilitados, pero, para ello, se deben pagar profesionales de la salud, proveedores, empleados, créditos y costos financieros y demás gastos de funcionamiento que mes a mes se generan y no dan espera.
Solo en Córdoba, estamos hablando de más de 300.000 usuarios del sistema, 4.500 familias que dependen económicamente de las entidades firmantes, más de 32 Municipios y un Departamento entero a puertas de una muerte anunciada.
No se ve en el escenario nacional o no se materializa por lo menos, una atención de este fenómeno en sus verdaderas dimensiones, por parte de los entes de control.
Pensar que esta crisis no afecta a quien lee este comunicado, supone no necesitar de los servicios de salud de ninguna categoría nunca, porque cuando el colapso ocurra, no habrá cama privada ni pública, contributiva ni subsidiada, prepagada ni POS, que pueda atender las dolencias nuestras, de nuestros hijos y padres.
Cuánta responsabilidad le cabe al Estado colombiano por la desatención de esta situación y aún más, a los funcionarios que por acción u omisión están permitiendo la generación de un mayor descalabro patrimonial de la Nación cuando se vea llamada a responder por las afectaciones y muertes causadas por su falta de efectividad en el control y vigilancia en lo relacionado al sistema de salud con tan buena concepción, pero con tan mala ejecución, en especial en los últimos tiempos.
Requerimos a los funcionarios destinatarios de la presente comunicación, propiciar el escenario para la celebración de un comité interinstitucional que estudie a fondo el tema, que no se agota en este contenido y que, por lo extenso, requiere justamente de reuniones consecutivas que busquen llegar a soluciones precisas, efectivas y definitivas que beneficien a la totalidad de los actores del sistema.
Invitamos a realizar un análisis real, sistemático y detallado de la actual crisis pandémica del sistema de salud que está afectando a muchos de sus actores y terminará por acabarlo y colapsarlo a menos, claro, que exista voluntad política del gobierno y los congresistas, ausente por completo hasta ahora, de solucionar de forma real y en la práctica la presente situación sin más maniobras dilatorias. Señores representantes del Ministerio Público, y entes de control, quedamos atentos a conocer sus gestiones particulares en la materia.